Venezuela, el Derecho Internacional y los límites del orden jurídico global
“La soberanía no puede ser un escudo de impunidad”. Con esta afirmación, Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, sintetizó el eje central de la mesa redonda ¿A quién sirve el Derecho Internacional? A propósito de la operación militar de EE. UU. en Venezuela, celebrada en la Universidad Villanueva. El encuentro académico abordó, desde una perspectiva jurídica, política y geopolítica, los acontecimientos que siguieron a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026 y el posterior giro institucional en el país.
La pregunta que vertebró el debate fue tan incómoda como necesaria: ¿qué ocurre cuando el Derecho Internacional, diseñado para proteger la soberanía de los Estados, termina siendo invocado para blindar a regímenes que vulneran de forma sistemática los derechos humanos de su propia población?
Antonio Ledezma defendió que el principio de soberanía, tal y como ha sido utilizado por el régimen venezolano durante más de dos décadas, ha dejado de cumplir su función originaria. “La soberanía reside en el pueblo, no en quienes usurpan el poder”, afirmó, recordando que informes de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional han documentado patrones continuados de represión, persecución política y violaciones graves de derechos fundamentales. Desde su experiencia como preso político y exiliado, sostuvo que la intervención estadounidense debe analizarse a la luz del colapso institucional del Estado venezolano y de la imposibilidad de una transición interna por vías ordinarias.
Soberanía, impunidad y responsabilidad internacional
Esta reflexión fue profundizada por Tomás Arias Castillo, profesor universitario y representante de Vente Venezuela, quien planteó una de las cuestiones más incisivas del encuentro: “Esto no es un debate sobre el Derecho Internacional; es un debate sobre si Venezuela existe como Estado”. Arias cuestionó la vigencia real de la soberanía en un país que no controla plenamente su territorio, donde cerca de un tercio de la población ha emigrado y donde el aparato estatal ha tolerado —cuando no impulsado— redes criminales transnacionales. En ese contexto, afirmó, la soberanía deja de ser un principio jurídico operativo para convertirse en una ficción utilizada como coartada política.
Desde una óptica institucional, Armando Rodríguez, catedrático jubilado de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, subrayó que la crisis venezolana no es el resultado de un hecho aislado, sino de un proceso prolongado de erosión del Estado de Derecho. La concentración de poder, la anulación de la división de poderes y el vaciamiento de las instituciones explican, a su juicio, por qué el orden constitucional dejó de ofrecer mecanismos internos eficaces para la protección de los ciudadanos.
El análisis se amplió al plano internacional con la intervención de Aldo De Santis, director de la Certificación Internacional en Estrategia y Comunicación Política e Inteligencia Artificial (GWU–Universidad Villanueva) y CEO de CICOMP, quien situó el caso venezolano como un posible punto de inflexión en el orden global. Según De Santis, la operación estadounidense refleja las tensiones entre legalidad y poder en un sistema internacional donde los mecanismos multilaterales han demostrado una capacidad limitada para responder a crisis prolongadas de derechos humanos.
La sesión fue moderada por Alejandro Canónico-Sarabia y Lena Anne Pierrette Georgeault, directores de los Grados en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Villanueva, quienes subrayaron la importancia de abordar estos debates desde un enfoque académico riguroso, alejado de simplificaciones, pero atento a las consecuencias reales para la institucionalidad democrática y el bienestar de los ciudadanos.
En conjunto, la mesa redonda dejó una conclusión compartida: el caso venezolano obliga a repensar los límites del Derecho Internacional cuando la soberanía deja de proteger a los pueblos y se convierte en un instrumento de impunidad. Venezuela se presenta así no sólo como un problema regional, sino como un espejo incómodo de las debilidades y desafíos del orden jurídico internacional contemporáneo.
