El excomisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión del gobierno de Nayib Bukele, Andrés Guzmán Caballero, ha visitado la Universidad Villanueva para impartir un coloquio a alumnos de Periodismo, Derecho y Relaciones Internacionales. En una exposición directa y cargada de datos, el abogado colombiano ha relatado cómo El Salvador ha pasado de ser “uno de los países más violentos del mundo” a registrar niveles de seguridad que lo posicionan como “el más seguro del hemisferio occidental”.
Para poner en situación a los presentes, Guzmán ha hecho un breve recorrido histórico: ha explicado que las pandillas —principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 y grupos menores como Mao Stone— surgieron en contextos de migración, deportaciones masivas desde Estados Unidos durante la administración Obama (más de 15.000 pandilleros al mes en algunos periodos) y décadas de debilidad institucional. Muchos ingresaron desde los 12 años mediante rituales brutales y se marcaron con tatuajes simbólicos, como el famoso “mamá perdona”. Hasta 2019 controlaron cerca del 70% del territorio; las cárceles funcionaron como sus cuarteles generales; usaron a niños menores de 12 años como mensajeros de drogas o vigías; y mantuvieron reglas férreas: prohibido ser homosexual, prohibido retirarse. La comunicación se hacía con señas, grafitis, mensajes escondidos en plásticos de medicamentos que circulaban por los retretes (“willas”) y tatuajes que indicaban rango y crímenes cometidos. En 2015 se registraron 9 homicidios diarios; el promedio anual previo a las medidas de Bukele superó los 6.600 asesinatos.
Guzmán, quien comenzó a trabajar en El Salvador en 2020, ha detallado las claves del cambio: Bukele primero se informó a fondo, tomó control total de las prisiones, declaró a las pandillas organizaciones terroristas, reformó el Código Penal para imponer penas acumulativas (20-30 años para miembros rasos, 40-45 para cabecillas) y creó el CECOT.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo es una megacárcel de 40.000 plazas construida en solo seis meses sobre 165,2 hectáreas, con muros de 2,1 km y 12 metros de altura. La rutina diaria del centro está marcada por la convivencia forzada de pandilleros de distintas clicas dentro de las mismas celdas. Para evitar cualquier tipo de identificación, los guardias cubren sus rostros con máscaras y cambian de nombre cada semana. Mientras tanto, los reclusos pasan las horas sin realizar ninguna actividad a lo largo del día.
Ha desmentido mitos recurrentes: no se detiene a nadie solo por tener tatuajes; existe un software especializado y peritos dedicados exclusivamente a analizarlos y clasificar pertenencias. En total se han capturado más de 80.000 personas, aunque alrededor de 8.000 han sido liberadas tras revisiones caso por caso. El excomisionado ha resaltado la comunicación estratégica de Bukele —amenazas públicas de quitar privilegios como la comida si continuaban los asesinatos— y su lema emblemático: “El dinero alcanza cuando nadie roba”, que priorizó el combate a la corrupción desde el primer día.
El coloquio ha incluido una animada ronda de preguntas en la que los estudiantes han planteado dudas sobre reinserción, derechos humanos, el futuro tras Bukele, el trato a mujeres y menores, la sostenibilidad del modelo y su posible aplicación en otros países. Guzmán ha respondido de forma fluida y sin esquivar temas sensibles: ha explicado que “el enfoque no es la reinserción tradicional” porque se trata a las pandillas como organizaciones terroristas, con el objetivo principal de exclusión permanente; que se impulsan escuelas y programas de valores para romper el ciclo de violencia en niños y adolescentes; que muchas mujeres fueron obligadas o secuestradas desde pequeñas, lo que permite un tratamiento diferenciado con mayor énfasis en rehabilitación; que el CECOT cuenta con supervisión de Cruz Roja, médicos, psicólogos y psiquiatras; y que, aunque el modelo no es exportable de forma automática, su éxito inicial requirió un año entero de estudios previos para entender el fenómeno específico de El Salvador. Sobre las acusaciones internacionales de violaciones a derechos humanos, ha insistido en que “ante una criminalidad de esa magnitud las medidas han sido proporcionales” y que el país ha logrado pasar de miles de homicidios anuales a solo 10 en el año pasado.
La charla ha finalizado con los estudiantes aplaudiendo la valentía de exponer un tema tan controvertido y la claridad con la que Andrés Guzmán Caballero ha presentado los hechos. Muchos asistentes han expresado que la sesión les ha permitido comprender mejor las complejidades de implementar políticas de seguridad en entornos de alta criminalidad, y han coincidido en que el caso de El Salvador representa un ejemplo extremo que invita a seguir analizando sus implicaciones éticas, jurídicas y políticas a largo plazo.
