En un contexto de creciente polarización y fragilidad institucional, Perú atraviesa uno de los periodos más complejos de su historia democrática reciente. La sucesión de gobiernos interrumpidos, la pérdida de confianza en el Congreso y el debilitamiento del sistema judicial han colocado en el centro del debate una cuestión esencial: el papel del control de constitucionalidad como garante del Estado de Derecho.
Las reflexiones del doctor Francisco Morales, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú y figura clave del Derecho Constitucional latinoamericano, ofrecen una mirada lúcida sobre los retos que enfrenta la justicia constitucional para mantener el equilibrio entre los poderes, proteger los derechos fundamentales y asegurar la estabilidad democrática.
Durante la entrevista concedida en la Universidad Villanueva, Morales explicó que el control de constitucionalidad cumple una función esencial: garantizar la supremacía de la Constitución. El jurista subrayó que “la Constitución es la regla más importante del Estado, porque en ella se establecen los pilares de la convivencia pacífica y democrática de los ciudadanos”.
Añadió que, cuando una ley o un acto contradice ese marco, “alguien debe controlarlo”, pues tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo pueden exceder los límites que la Carta Magna impone. Este control —ejercido en algunos países por el Poder Judicial y en otros por tribunales constitucionales— “preserva el principio de supremacía constitucional y asegura que las decisiones públicas se mantengan dentro de la legalidad”, puntualizó.
Morales recordó que este sistema, perfeccionado durante los dos últimos siglos, constituye “el núcleo operativo del Estado de Derecho”. En el caso peruano, su consolidación ha sido clave para contener abusos de poder y garantizar la estabilidad jurídica. Sin embargo, advirtió que el país vive una prolongada crisis política. Desde hace casi una década, varios presidentes no han podido concluir su mandato, lo que ha minado la confianza ciudadana y generado un clima de incertidumbre.
Entre la inestabilidad política y la búsqueda de legitimidad institucional
Actualmente, el gobierno de transición encabezado por el presidente del Congreso, José Geri, busca conducir el proceso electoral que culminará con los comicios generales de abril de 2026. Según Morales, esta etapa “ha devuelto cierta calma política”, aunque persisten riesgos derivados de la polarización ideológica y de la debilidad de las instituciones representativas. “El soporte de un Estado depende de sus instituciones —subrayó—, y siempre existirán grupos que buscan la desestabilización, pero la democracia sólo puede sostenerse si las instituciones se mantienen firmes.”
El jurista hizo también una distinción clara entre la protesta democrática y la violencia política. Reconoció el derecho ciudadano a manifestarse, pero lamentó que en Perú las movilizaciones “con frecuencia desembocan actos vandálicos, lo que desvirtúa la legitimidad del reclamo social”. A su juicio, “la protesta es válida, pero nunca con violencia. Lamentablemente, en las últimas manifestaciones hubo un muerto. Eso no puede repetirse”. La vida perdida a la que se refiere el Dr. Morales es la de Eduardo Ruiz, un artista de Hip-hop de 32 años que falleció en una de las manifestaciones en contra del gobierno de José Geri, tras recibir un disparo propiciado, según declaraciones del comandante general de la policía oficial de Perú, Óscar Arriola, por un suboficial que ya se encuentra detenido. Para Morales, el verdadero desafío democrático está en canalizar el disenso dentro de las vías institucionales, preservando siempre el respeto a la ley y a los derechos humanos.
Crisis diplomática con México: soberanía y principios constitucionales
Otro asunto que abordó fue la reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, derivada del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022. Morales explicó que la crisis “tuvo su origen en la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo político a familiares y exfuncionarios de Castillo”, lo que fue percibido en Lima como una intromisión en asuntos internos. “Frente a esa situación —indicó— el Perú reaccionó con firmeza y ordenó la expulsión del encargado de negocios mexicano. Fue una medida dura, pero ajustada al principio de soberanía nacional.” Lamentó, no obstante, que estos desencuentros afecten la cooperación bilateral, y reiteró la importancia de que los países latinoamericanos prioricen el diálogo y la defensa conjunta de la democracia.
La Constitución de 1993: de la ilegitimidad a la legitimación democrática
En su reflexión sobre el marco jurídico, Morales se refirió a la Constitución peruana de 1993, promulgada durante el régimen de Alberto Fujimori. Aunque al principio fue duramente criticada por su origen autoritario, con el paso del tiempo el texto “se legitimó a través del ejercicio democrático y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. “Esa Constitución, que en sus inicios fue considerada ilegítima, hoy cumple más de treinta años y sigue vigente. Ha demostrado estabilidad y capacidad de adaptación”, afirmó. A su juicio, la Carta de 1993, aunque perfectible, ha permitido el periodo más largo de continuidad democrática del país. “No hay que temer las reformas constitucionales —agregó—, siempre que busquen modernizar el sistema sin alterar sus principios esenciales.”
La crisis de representación política: el desafío de las nuevas generaciones
Morales advirtió también sobre la crisis de representación política que atraviesa el país, visible en la proliferación de partidos sin ideología definida ni liderazgo sólido. El sistema político peruano, con cerca de cuarenta organizaciones registradas, padece una fragmentación que obstaculiza la gobernabilidad y debilita la confianza ciudadana. “Estamos viviendo una época de política superficial, del espectáculo. Hay candidatos que nunca han dirigido una institución pública y creen que bastan las redes sociales para hacer política. Eso es un riesgo para la democracia”, señaló. Por ello, exhortó a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, a ejercer un voto informado y responsable, basado en la ética y el conocimiento, y no en la popularidad mediática.
En su mensaje final, Morales insistió en que el futuro de Perú dependerá de la capacidad colectiva para respetar la Constitución, mantener la independencia judicial y rechazar la violencia como instrumento político. “El control de constitucionalidad no es solo una función jurídica, sino un compromiso moral con la democracia. Mientras la Constitución sea respetada, el Perú tendrá futuro”, concluyó.
