Alumnos del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Villanueva asistieron la semana pasada a una sesión clave del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como parte de un curso intensivo en derechos humanos ofrecido por la Universidad de Ginebra y la ONG OIDEL, en colaboración con la Universidad de Notre Dame. En el marco de este programa becado, los estudiantes fueron testigos directos de un debate marcado por una tensión latente: ¿hasta qué punto los sistemas de justicia indígenas pueden convivir con el derecho estatal sin ser absorbidos o condicionados por él?
La intervención de Rusia marcó un punto de inflexión. En su declaración, la delegación rusa afirmó que las costumbres y modos de vida de los pueblos indígenas pueden ser tenidos en cuenta “siempre y cuando no entren en contra de la legislación de política nacional”. Una frase aparentemente moderada, pero que en el contexto del debate provocó reacciones y contrastes reveladores.
¿Reconocimiento o subordinación?
Lo que para Rusia es una garantía de cohesión normativa nacional, para otras delegaciones representa una línea roja. El derecho consuetudinario indígena, recordaron varios países, no puede entenderse como un simple apéndice cultural que debe adaptarse sin más a las estructuras jurídicas dominantes. Ghana, por ejemplo, defendió el valor de los sistemas de justicia comunitarios, basados en la participación colectiva y en formas de resolución de conflictos propias. Guatemala agradeció expresamente el reconocimiento internacional de estos sistemas, recordando que forman parte del derecho a la autodeterminación y de la identidad de los pueblos originarios.
Dinamarca intervino también desde el prisma europeo, aludiendo a la reciente aprobación de la Ley Sami en Finlandia, que refuerza el autogobierno del pueblo sami. La pregunta que lanzó su delegación —cómo pueden los pueblos indígenas preservar sus sistemas jurídicos en un entorno estatal moderno— quedó flotando en la sala.
De los sistemas indígenas a quienes los defienden
El debate evidenció así no solo las tensiones entre el derecho estatal y los sistemas jurídicos tradicionales, sino también una preocupación más amplia: la seguridad de quienes defienden el acceso a la justicia, ya sea dentro de estructuras indígenas o del sistema legal formal. El vínculo entre autonomía jurídica y protección de sus operadores quedó patente cuando el foco se desplazó hacia contextos en los que ejercer el Derecho se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Ucrania: la represión bajo ocupación
Uno de los discursos más contundentes vino de Ucrania. Su delegación denunció que, desde la anexión de Crimea, el pueblo tártaro —reconocido como indígena— ha sufrido un desmantelamiento sistemático de sus derechos. Los abogados que los representan han sido víctimas de represalias, sanciones administrativas y multas. “Proteger a los abogados es proteger a los más vulnerables en la justicia”, concluyó el representante ucraniano, en un mensaje que resonó como una crítica implícita al enfoque expuesto por Moscú.
Polonia y el temor al uso político del Derecho
Polonia advirtió sobre la creciente persecución de abogados en contextos políticamente sensibles, incluso dentro de la UE. Alertó sobre casos en países del Benelux y defendió que ningún profesional del Derecho debería ejercer bajo amenaza. La independencia profesional, señalaron, es una condición previa para cualquier sistema de justicia mínimamente legítimo.
Reforma judicial e independencia: otras voces del debate
Más allá del eje Rusia-Ucrania, otros países aprovecharon la sesión para reafirmar su compromiso con la independencia judicial y el respeto a la justicia indígena. Indonesia destacó su reforma estructural del poder judicial, incluyendo una mejora significativa en la remuneración de los jueces. Bélgica expresó su preocupación por las amenazas contra jueces y fiscales, y lamentó los intentos de interferir en su independencia. Liechtenstein fue claro: “la justicia internacional no debe usarse cuando conviene políticamente, sino defenderse con carácter imparcial”.
Colombia: alerta sobre Guatemala
La delegación colombiana dirigió su mirada hacia Guatemala, mostrando preocupación por una aparente persecución política contra jueces y fiscales. Se denunció una tendencia preocupante y se pidió un seguimiento exhaustivo por parte de Naciones Unidas.
Riesgos presupuestarios y omisiones inquietantes
Se advirtió también de la reducción del presupuesto destinado a la judicatura en 2025 en varios países, un factor que puede debilitar aún más los sistemas de justicia en contextos frágiles. Paralelamente, Reem Alsalem —relatora especial— lamentó que aún no existan órganos en el sistema de la ONU que analicen los efectos a largo plazo de las transiciones pediátricas en menores, un asunto de creciente sensibilidad que, por ahora, solo ha sido visibilizado por su oficina.
Una justicia a dos velocidades
Lo que quedó claro en esta sesión fue la existencia de dos velocidades en el tratamiento de los pueblos indígenas. Una visión busca integrarlos a través del respeto a sus formas de justicia, entendidas como sistemas plenos, legítimos y equivalentes. La otra —representada por la frase rusa— tolera su existencia en la medida en que no interfieran con la lógica estatal.
Pero esta lógica de subordinación también tiene un reflejo preocupante en quienes trabajan por la justicia: cuando los sistemas alternativos se ven reducidos a la tolerancia del Estado, sus defensores —sean abogados indígenas o jueces en contextos de tensión política— se convierten en figuras incómodas. El debate, así planteado, no es solo jurídico: es político, identitario y, sobre todo, profundamente humano.
Relacionado
